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Tras diez horas de debate, la modificación de la Ley de Glaciares (26.639, de 2010) fue aprobada en el Congreso con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones. El proyecto, impulsado por los gobernadores de las provincias mineras con importantes reservas de cobre y litio, busca otorgar mayor flexibilidad en la gestión de las zonas periglaciales y habilitar la explotación de metales en áreas críticas donde antes estaba prohibida.
Las empresas del sector celebraron la sanción como una señal positiva para el futuro productivo del país, que permitirá destrabar inversiones significativas. La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) destacó que esta reforma representa un avance hacia una mayor previsibilidad normativa, fundamental para el desarrollo de una industria estratégica capaz de generar empleo de calidad, atraer inversiones a largo plazo y dinamizar las economías regionales, además de fortalecer la cadena federal de proveedores mineros.
Desde CAEM señalaron que la actualización normativa establece criterios más precisos para la identificación y protección efectiva de los glaciares y el ambiente periglacial, definiendo con claridad las zonas en las que es posible desarrollar actividades productivas bajo estrictos estándares ambientales, técnicos y de control. Destacaron que esta reforma contribuye a despejar ambigüedades que durante años generaron incertidumbre, sin dejar de preservar los recursos hídricos. Además, valoraron el amplio y diverso respaldo político recibido.
Las provincias que más se beneficiarán con esta reforma son Salta, Jujuy, Catamarca, San Juan y Mendoza, donde se ubican más de 1.500 cuerpos glaciares o periglaciares registrados por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). Hasta ahora, la explotación minera estaba prohibida en estas zonas, pero la reforma establece que solo permanecerán bajo protección estricta aquellas formaciones que demuestren un aporte hídrico relevante y verificable a una cuenca.
Asimismo, será responsabilidad de las provincias —y no de la Nación— elaborar el inventario de glaciares a proteger, lo que permitirá redefinir algunas zonas periglaciales que actualmente cuentan con protección pero que no cumplen la función hídrica establecida. El IANIGLA continuará actualizando el inventario nacional cada cinco años, basándose en los datos proporcionados por cada jurisdicción.
La ley anterior, sancionada en 2010, nunca fue reglamentada en su totalidad, por lo que numerosas inversiones, principalmente vinculadas al cobre, quedaron paralizadas a la espera de un marco normativo más claro. Se estima que estos proyectos implican una inversión cercana a los 40.000 millones de dólares, con potencial para quintuplicar las exportaciones mineras en la próxima década.
El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó en sus redes sociales que la aprobación de la reforma permitirá realizar exportaciones por unos 165.000 millones de dólares hasta 2035 y remarcó que habrá provincias que “cambiarán para siempre”.
En cuanto a los principales proyectos de cobre, se esperan inversiones por casi 40.000 millones de dólares en los próximos diez años, entre ellos:
– Vicuña (BHP y Lundin) en San Juan, con 18.000 millones de dólares.
– Glencore, en San Juan y Catamarca, por 13.300 millones de dólares.
– First Quantum, en Salta, con 5.250 millones de dólares.
– McEwen Copper, en San Juan, por 2.700 millones de dólares.
– San Jorge, en Mendoza, con 600 millones de dólares.
Esta reforma apunta a dinamizar el sector minero nacional, generando un impacto económico y social significativo en las provincias productoras.
