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La Corte Suprema de Justicia rechazó los recursos presentados por la defensa de Cristina Kirchner y los demás condenados en la causa Vialidad, que impugnaban el decomiso de bienes. De este modo, quedó firme la cifra total que deberán restituir: 685.000 millones de pesos.
A poco más de un año de la detención de Cristina Kirchner, derivada de su condena por corrupción por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti declararon inadmisibles los recursos presentados por la ex presidenta, Lázaro Báez, Nelson Periotti y otros, quienes cuestionaban el sistema de actualización del monto del decomiso fijado en la causa.
El máximo tribunal aclaró que la desestimación de un recurso extraordinario no implica la confirmación ni afirmación de la justicia o corrección de la decisión recurrida, señalando que “el recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, es inadmisible”.
Por ello, se desestimó la presentación directa y quedó firme el monto fijado para el decomiso, frente al cual los nueve condenados en el caso Vialidad deben responder solidariamente. Tras la prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, solo resta avanzar en la ejecución patrimonial.
La causa analiza 51 licitaciones mediante las cuales Lázaro Báez obtuvo el 86% de las obras viales financiadas por el Estado nacional entre 2003 y 2015 en Santa Cruz. El Grupo Austral cobró sobreprecios del 64% y la mitad de las obras quedaron abandonadas pese a haber sido pagadas. Báez fue adjudicatario bajo mecanismos irregulares, con circuitos de pago exclusivos, sobreprecios promedio del 65% y procesos simulados de competencia.
El debate oral comenzó con un perjuicio estimado en 46.000 millones de pesos, que el 6 de diciembre de 2022 el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) elevó a 85.000 millones. El tribunal señaló que el fraude representaba un beneficio intangible e incuantificable para los acusados, que el Estado nacional renunciaba en favor de un empresario privado.
Los jueces destacaron que esos beneficios indebidos, aunque difíciles de medir en términos monetarios, eran esenciales para comprender la extensión del daño causado.
Con base en esta estructura de corrupción, el Cuerpo de Peritos de la Corte actualizó el monto del decomiso desde 84.835 millones hasta 684.990 millones de pesos, cifra que ahora ratificó la Corte al rechazar los recursos que cuestionaban el método de actualización y el monto final a recuperar.
El decomiso permite al Estado recuperar lo producido por el delito una vez que la condena queda firme. La defensa de Kirchner impugnó la metodología contable utilizada y sostenía que el decomiso no debía superar los 23.000 millones, planteo que fue rechazado en todas las instancias.
Recientemente, la Cámara de Casación confirmó el criterio del TOF 2 y, a pedido del fiscal Diego Luciani, autorizó el decomiso de 111 bienes: 85 pertenecientes a Báez, 20 a la familia Kirchner y el resto a los otros condenados.
Asimismo, se sostuvo que todos los bienes adquiridos por los condenados entre 2003 y 2015, período en que se desarrolló la maniobra defraudatoria, pueden ser decomisados. Por ende, se autoriza también el decomiso de propiedades a nombre de Máximo y Florencia Kirchner que recibieron como herencia gratuita en partes iguales en 2016.
La decisión de la Corte habilita así la etapa definitiva: la ejecución patrimonial de los bienes muebles e inmuebles. El tribunal será titular de dichas propiedades y determinará su destino y utilidad. Los bienes no esenciales para la Justicia serán subastados públicamente.
El fallo recaerá en los ministros Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, quienes deberán resolver si aguardan por una queja de la defensa contra la pérdida de 20 propiedades —entre ellas, el hotel boutique Casa Patagónica Los Sauces, un complejo de departamentos y terrenos— o si avanzan con la ejecución, ya que algunas fuentes judiciales consideran que dicho reclamo no tiene efecto suspensivo.
En Comodoro Py tramita un segundo listado de 144 propiedades a decomisar, entre ellas el departamento de San José 1111 donde Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario. Además, se solicitó el decomiso de cinco millones de dólares a nombre de Florencia Kirchner, así como del hotel Alto Calafate, la residencia de la ex presidenta en Río Gallegos, entre otras propiedades.
Respecto a la actualización del monto, los peritos explicaron que se aplicó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) general proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en reemplazo del índice de precios internos al por mayor (IPIM), conforme a la Ley 27.468. Para ello tomaron los valores del IPC nacional publicados hasta mayo de 2025 y noviembre de 2022, utilizando las cifras exactas extraídas de las series históricas oficiales.
Finalmente, determinaron que el importe actualizado asciende a 684.990.350.139,86 pesos, es decir, seiscientos ochenta y cuatro mil novecientos noventa millones, trescientos cincuenta mil ciento treinta y nueve pesos con ochenta y seis centavos.
